La tremenda corte

MILAGROS AGUIRRE

Jueves 11 de junio 2020

 

El 26 de mayo se instaló la audiencia del caso del derrame de petróleo ocurrido el 17 de abril. Las comunidades amazónicas, la Iglesia y una alianza de organizaciones de derechos humanos, frente al Estado, que está sentado en el banquillo de los acusados.

Las audiencias ahora son públicas. Y por zoom. Y son algo más largas —días de días— y menos entretenidas que La Tremenda Corte, la serie cómica de primera mitad del siglo XX, protagonizada por Leopoldo Fernández, Trespatines. La audiencia pasa del drama a la comedia en minutos, en el gran teatro de la justicia ecuatoriana.

Las víctimas, las personas afectadas por el derrame petrolero y por la pandemia, se convierten, a los ojos del Estado, en verdugos. Los abogados de las entidades demandadas menosprecian a las personas, se mofan de ellas, las ridiculizan, las irrespetan, hacen muecas frente a las cámaras, las ningunean, las tratan con desprecio y superioridad.

Las instituciones de Estado que, se supone, debieran estar para proteger a la gente, a los mandantes, pues para eso son electas las autoridades que luego designan a sus funcionarios y representantes. Hoy representan a las empresas y defienden sus intereses.

El 2 de febrero de 2020, la cascada de San Rafael (Sucumbíos) cambió de forma y de lugar. Se produjo un hundimiento que provocó que el río Coca retrocediera y tomara un nuevo recorrido. Ya en esos días, el agua del río Napo cambió de color y pasó de chocolate, a gris viscoso. Ahí, la primera alerta de lo que estaba pasando. Días más tarde, en abril, se produjo un fenómeno más grave cuyas consecuencias fueron la rotura de la tubería petrolera y un derrame de petróleo y gasolina que ha contaminado las aguas de los ríos Coca y Napo y que ha dejado a las comunidades sin agua y sin alimentos.

En la audiencia se han presentado testigos de las comunidades además de antropólogos, geógrafos, técnicos y relacionadores comunitarios, frente a los testigos de los afectados, los abogados de las empresas Petroecuador y OCP se han empeñado en objetar cualquier observación, como si quisieran negar incluso que se produjo un socavón en el sector de la cascada de San Rafael. “¿Usted estuvo ahí?” “¿Usted midió el terreno?”, “Le consta?”. Que la defensa de las empresas use todos sus recursos, vaya y pase: tienen que justificar que no reaccionaron a tiempo para minimizar los daños. Pero, ¡qué sea el Ministerio del Ambiente el que haga esas preguntas es una vergüenza! Parece el departamento de comunicación de la petrolera. No le hace ningún favor al ambiente. Tampoco a la gente.

La audiencia se suspendió por sospechas de covid en la Corte. Si no fuera una tragedia lo que han vivido las comunidades de la ribera del Napo, la audiencia sería de risa. ¡Cosa más grande de la vida, chico!, diría Trespatines.

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